La compra pública ética o responsable es un concepto nuevo, que cada vez más entifafes sociales y ONGs lo exigen a la Administración y que podemos definir como la compra y contratación por parte de la Administración de bienes y servicios contemplando, además de los criterios económicos, otros de carácter ambiental, social y cultural del producto, servicio o del proveedor.
Pensamos que elegir un producto o servicio para cubrir una necesidad en la Administración Pública debe responder a los principios de utilidad pública, esto es, económica, social y ambiental.
¿Acaso es necesario para ello comprar lo más barato o contratar el servicio más precario? En absoluto. Y con la Compra Pública Ética y Sostenible no sólo no realizaremos desembolsos adicionales ni adquiriremos productos de peor calidad, sino que haciéndolo de manera planificada conseguiremos todo lo contrario.
La Administración tiene el deber de “gastar” de forma eficiente los presupuestos que le son asignados, considerando el concepto de eficiencia como algo que va más allá del precio del producto. Por otro lado, las Administraciones han de ser ejemplificadoras en su actividad y servir de modelo para los ciudadanos así como de impulso a los agentes productores mediante la demanda de servicios y productos que tengan más en consideración los aspectos sociales y medioambientales.
La Comisión Europea estimaba que las autoridades públicas en Europa gastaban unos 1.000 millones de euros en suministros, obras y servicios, lo que supuso alrededor del 16% del Producto Interior Bruto total de la Unión Europea en el año 2005. Los cambios en los hábitos de consumo de las Administraciones tienen repercusiones en los mercados. La exigencia de las entidades públicas a la hora de demandar productos y servicios que cumplan requisitos sociales y ambientales puede proporcionar los incentivos necesarios para que las empresas evalúen sus productos y procesos, además de trasladar un mensaje pedagógico a los ciudadanos.
En definitiva se trata que la Adminsitración priorice en sus compras a las empresas de inserción, al resto de empresas de la economía social, a los productos de comercio justo, etc. con ello se conseguirá un reparto más justo de la riqueza, una cohesión social mayor. En definitva se trata de un nuevo instrumento para el reparto de la riqueza, que puede llegar a tener tanta fuerza con las políticas fiscales progresivas.
