La tradicional metodología de distribución de riqueza ha sido la fiscalidad directa, sin embargo hay otras formas que no han sido ensayadas con la intensidad que sería necesaria.
Una de ellas es la apuesta desde la sociedad y las instituciones por la economía social que supone un paradigma distinto al sector público y al privado con ánimo lucrativo. El conjunto de cooperativas, cajas de ahorro, sociedades laborales, mutualidades, ONGs, etc que intervienen en la economía suponen según la patronal del sector, CEPES, el 14% del PIB español, con 2,3 millones de trabajadores y 50.000 empresas ratifican que es un sector significativo.
Las medidas de promoción de este sector desde los gobiernos podría suponer una ampliación de estos números, y así posibilitar un reparto de la riqueza más justo ya que los beneficios de estas empresas se distribuyen en origen, sin necesidad de aplicar medidas fiscales debido a que conceptualmente estas empresas o no tienen ánimo lucrativo o éste no figura entre sus prioridades, y si lo son el empleo y otros objetivos sociales. Además eso posibilita que la propia actuación del Estado se vea favorecida por estas instituciones.
Las medidas de promoción tienen que ver con incentivos fiscales, subvenciones y prioridad en la contratación pública por razón de interés social. Con esas medidas el sector podrá reforzarse y convertirse e
n un agente trascendental de la vida política, económica y social de nuestras sociedades.
Nos referimos no solo a la creación de los estados burocratizados, lentos e improductivos de los países del antiguo bloque soviético que todavía sobreviven en países como Corea del Norte y Cuba. También a los defectos de los propios estados de los países capitalistas avanzados. No se puede obviar la ineficiencia de la gestión pública culpabilizando de esas circunstancias a malos gestores y no por un problema sistémico. Es evidente que es posible la buena gestión de lo público, pero también es cierta la incapacidad del sector público de generar un sector empresarial significativo en el panorama macroeconómico por la tendencia a la burocratización, los riesgos de la corrupción, la perniciosa influencia de los partidos gobernantes en la gestión empresarial, la ausencia de identificación con la empresa por parte de gestores y trabajadores, etc.
