El Estado del bienestar es el modelo de sociedad que asegura la protección social, entendida ésta mediante derechos tales como la sanidad, la vivienda, la educación, los servicios sociales, las pensiones de jubilación o la protección del empleado.
En el mundo que queremos construir hay elementos del pasado que es necesario conservar. La experiencia de los Estados de Bienestar es uno de esos elementos.
Sus 4 pilares son: Sanidad, Educación, Servicios Sociales y Atención a la Dependencia. Priorizar el gasto público para esos 4 pilares es una garantía de cohesión social, y de una sociedad preocupada por el Bienestar de todos y no de unos pocos.
La ineficacia de la gestión pública vinculada a sistemas arcaicos de contratación, de mantenimiento y de evaluación del rendimiento laboral de los trabajadores públicos no puede relacionarse con un coste excesivo del Estado de Bienestar. Es cierto que la ineficacia produce más costes, pero esa falta de productividad de la mano de obra de la empresa publica, no debe de poner en cuestión el sistema de protección social. Lo que es necesario revertir esa ineficacia a partir de una nueva concepción del funcionariado, que base su mantenimiento y promoción en sistemas de evaluación de su rendimiento,
Lo mismo se puede decir al respecto de los casos de abusos de algunos usuarios que están relacionados con la ineficacia a la que nos referimos.
Los llamados neoliberales o neocon han atacado el sistema pero con una pretensión de reducción de la carga fiscal que soportan los ricos que no necesitan esos sistemas ya que optan por los servicios privados (de sanidad, de educación, de la atención a sus dependientes, etc.)
El mundo posible y necesario cree que el Estado de Bienestar no debe limitarse a Europa. Debe extenderse a todos los países del Mundo porque todos los seres humanos tenemos los mismos derechos. Y sus servicios pueden ser promotores de una sociedad emprendedora, pero a la vez defensora de los más débiles.
La atención sanitaria y educativa debe llegar a todos, ya sea a través de la prestación de la propia administración o entidades privadas sin ánimo de lucrativo. A todo el que lo demande y todo el que lo necesite y la Administración tiene que evitar aprovechamientos individuales y maximizar los resultados evaluando las cantidades invertidas comparadas con los beneficios sociales obtenidos en términos de satisfacción del usuario, éxitos en salud y redimiendo escolar, en calidad del servicio, etc.
En las pensiones, el Estado debe cubrir las necesidades básicas de las personas pero no puede desincentivar la búsqueda de empleo o la iniciativa emprendedora que genera dinamismo en la sociedad. La política de pensiones puede estar condicionada a la contraprestación de los usuarios para salir de la protección pública e insertarse en la sociedad.
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